miércoles, 7 de noviembre de 2007

LA BUROCRACIA DEL ESTADO MANTIENE PRESO A MI PADRE

Se cumplieron 36 meses de la detención de mi padre, el Capitán (R) JUAN CARLOS DE MARCHI, acusado de presuntos delitos cometidos “formando parte del Ejercito Argentino”, sin que haya sido juzgado conforme al procedimiento penal en vigencia y se haya determinado por sentencia firme la culpabilidad o no del mismo.

Treinta y seis meses exceden todos los plazos procesales legítimos, sin poder lograr arribar a la etapa de juicio oral para que se dicte un pronunciamiento definitivo.-

Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos incorporados a nuestra Constitución (art. 75 inc. 22), establecen que toda persona detenida o retenida…TENDRÁ DERECHO A SER JUZGADA DENTRO DE UN PLAZO RAZONABLE O A SER PUESTA EN LIBERTAD….

Mi padre está preso porque su único delito fue haber formado parte del Ejército Argentino cumpliendo ordenes del Poder Ejecutivo Nacional y sigue preso por responsabilidad exclusiva de la burocracia del Estado Argentino que demoro todo este proceso por más de 30 años.

En efecto: en primer lugar, fue el Estado Argentino a través de su Poder Legislativo, quien dictó las leyes 23.492 y 23.521 de Obediencia Debida y Punto Final, que impidieron la continuación normal de las investigaciones.-

Fue el Estado Argentino a través de su Poder Judicial, quien el 30 de junio de 1987 declarara extinguida la acción penal en virtud de la ley 23.492 y dejó sin efecto procesamientos y dictó el inconstitucional sobreseimiento provisional.-

Fue el Estado Argentino a través del más alto tribunal de su Poder Judicial, quien en diez oportunidades declaró constitucionales a las leyes llamadas de Punto Final y Obediencia Debida que impedían concluir normalmente estas investigaciones.-

Fue el Estado Argentino a través de su Poder Legislativo, quien declaró inconstitucionales e insanablemente nulas las mismas leyes de Punto Final y Obediencia Debida que antes impusiera.-

Y fue el mismo Estado Argentino, a través del Poder Judicial, quien ahora declara la inconstitucionalidad de aquellas leyes de Punto Final y Obediencia Debida que antes había expresa y reiteradamente convalidado, permitiendo así la reanudación de estos procesos después de casi 20 (veinte) años de que se los archivase.-

Mi padre sigue preso por las demoras ocurridas en el proceso durante estos 36 meses que ha padecido prisión preventiva; así para el auto de procesamiento que debía ser dictado en 10 (diez) días se insumieron más de 7 (siete) meses y otros incomprensibles 7 (siete) meses se insumieron para confirmar aquel procesamiento.-

Mi padre sigue preso porque el Secretario de Estado de Derechos Humanos, además de mantener silencio ante todas las violaciones al debido proceso legal ocurridas, ha llegado al extremo de constituirse en parte querellante.-

Mi padre sigue preso a pesar de que el Tribunal Oral, sin que ninguna de las partes se lo solicitase, debió anular 2 (dos) veces de oficio el requerimiento de elevación a juicio del fiscal, por no cumplir con las mínimas normas del Derecho.-

Mi padre sigue preso porque algunos jueces y fiscales que, por estar involucrados en los hechos delictivos aquí investigados, incumplieron con su obligación legal de inhibirse, permaneciendo así por meses desempeñando sus funciones, hasta que debieron apartarse definitivamente de seguir aquí interviniendo.

En fin, como se habrá podido observar, NINGUNA DE LAS TANTAS Y TAN GRAVES DEMORAS QUE HA SUFRIDO ESTE PROCESO, SE HAN DEBIDO AL ACCIONAR DE LOS IMPUTADOS, SINO PURA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA ACCIÓN Y/U OMISON DE LOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO ARGENTINO.-

¿Hasta cuando mi padre seguirá preso por culpa de la burocracia del Estado? ¿Hasta cuando?-

Antecedentes Personales y Situación Procesal:

Hace 3 años venimos guardando silencio, pacientes, esperando que la justicia avance y finalmente se expida; los responsables de impartir JUSTICIA, tienen y conocen los antecedentes y pruebas que demuestran la inocencia de mi padre y creo vale la pena enumerar algunas:

Mi padre, Juan Carlos De Marchi, tiene 62 años y desde agosto de 1976, mes de presentación de su solicitud de retiro del Ejercito Argentino, se dedica a la actividad agropecuaria; no hay posibilidad de confusión, ya que así lo afirman numerosos testigos que se relacionaron, trabajaron y lo acompañaron en esa época, como así también figura en el Estatuto Societario de la empresa donde trabajaba y en el Boletín Oficial de la Provincia de Corrientes del 22 de septiembre de 1976. Salvo claro está, que se suponga que se falsificó el Boletín Oficial o que se registró falsamente en previsión del juicio que le formarían tres décadas después.-

Prueba de su larga trayectoria como productor agropecuario, son sus importantes cargos y activa participación en instituciones técnicas, productivas y gremiales que lo sindican y distinguen entre sus pares como una persona de prestigio consolidado, preocupado por el bien común y el desarrollo agropecuario de la región.

Los Reglamentos Militares se cumplían rigurosamente en la República Argentina y simplemente era incompatible la actividad privada rural con el desempeño en el Ejército, lo que demuestra que mi padre no estaba activo en el Ejército durante los hechos denunciados en la causa.-

Vive hace más de 40 años en Corrientes, donde residimos todos sus hijos y nietos.-

Está probado que no necesita que lo llamen o que lo busquen. Se presento ante la justicia cada vez que fue requerido y en el año 2004, compareció de manera espontánea ante los tribunales para colaborar en cualquiera de las investigaciones que, según los medios de prensa, lo involucrarían.-

Después de tres décadas las pruebas se diluyen, la memoria mengua y semejante agujero no se llena con la lengua de testigos interesados, mendaces, cuando no inverosímiles, invariablemente de "oídos" finos o "afinados" por un armado procesal sin el debido control y audiencia de todos los interesados.-

En estos treinta años, mi padre no ha huido ni siquiera de los lugares que diariamente frecuentaba. Huir es un verbo que no existe entre la gente de Honor.-

A pesar de haber cumplido 36 meses de detención, la justicia sigue negando su excarcelación, negando la presunción de inocencia que tiene todo ciudadano y anticipando de esta manera una condena.-

Hace 36 meses que mantenemos respetuoso silencio y no respondemos a los permanentes agravios y a la "condena" mediática que soportamos, aun antes de que exista una elevación firme a juzgamiento.-

Hace 36 meses venimos dando garantías de que mi padre no eludirá la justicia, ofreciendo hasta mi garantía física y personal a cambio de su excarcelación, con el objetivo de que se le permita trabajar durante este largo proceso hasta que la JUSTICIA se expida.-

Un antiguo adagio establece que si malo es "judicializar la política", significativamente peor es "politizar la justicia" porque conduce a la muerte del Derecho.-

Otro, no menos sabio previene: "Quien no se inquieta ante la Injusticia ajena será su próxima víctima...".-

Juan C. De Marchi (h)

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