La Nación
Jueves 08 de septiembre de 2011 Publicado en edición impresa
El caso de 68 guerrilleros
Intiman a Alak por pagos a víctimas de la represión
Por Mariano De Vedia
La Justicia intimó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, a que en un plazo de cinco días informe si 68 guerrilleros muertos antes del golpe militar de 1976, a raíz de ataques a unidades militares durante los gobiernos constitucionales de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez, figuran como desaparecidos o víctimas de ejecución sumaria en los listados elaborados en 2006 por la Secretaría de Derechos Humanos.
También le ordenó que explique si sus herederos cobraron las indemnizaciones previstas en las leyes reparatorias para las víctimas del terrorismo de Estado, así como los montos y las fechas en que se habrían hecho los pagos.
La medida fue dispuesta por el juez Esteban Carlos Furnari, a cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2, al admitir una acción de amparo presentada por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que había pedido la información a la Secretaría de Derechos Humanos en febrero último. Al no obtener respuesta, la entidad presentó un amparo por mora de la administración.
La medida judicial, notificada ayer al ministro de Justicia y derivada por Alak a la Secretaría de Derechos Humanos, que conduce Eduardo Luis Duhalde, suma elementos a las sospechas y la falta de transparencia que rodean a los pagos efectuados por el gobierno kirchnerista a víctimas de la represión, información que nunca fue hecha pública.
Como publicó LA NACION el lunes último, en el listado de la Secretaría de Derechos Humanos, que amplió la nómina original de desaparecidos de la Conadep, surgen notorias contradicciones, al incluirse por lo menos 16 casos de personas que aparecen como víctimas de desaparición forzada o ejecución sumaria, cuando, según consta en documentación y bibliografía de la época (libros, investigaciones periodísticas y revistas de las propias organizaciones guerrilleras), murieron en otras circunstancias, al quitarse la vida o haber sido ejecutadas por las propias organizaciones subversivas.
Ante una consulta de LA NACION, voceros de la Secretaría de Derechos Humanos respondieron ayer que la política oficial se encuadra en los márgenes de la ley 26.564, sancionada el 25 de noviembre de 2009, que extiende los beneficios de las leyes reparatorias a quienes permanecieron detenidos o hayan sido muertos o desaparecidos entre el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983.
Además de estar incluidos en el listado oficial y de la posibilidad de que sus herederos hayan cobrado indemnizaciones, los nombres de la mayoría de los 68 guerrilleros sobre los cuales la Justicia pide ahora informes figuran inscriptos en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, erigido en la Costanera Norte, como homenaje "a quienes murieron combatiendo por los ideales de justicia y equidad".
El reclamo judicial está en sintonía con la queja que hicieron varios legisladores, tras la nota publicada en LA NACION, al exigir mayor transparencia en el pago de las indemnizaciones a las víctimas de la represión. En ese sentido, los diputados nacionales Juan Carlos Vega (Coalición Cívica) y Federico Pinedo (Pro) presentaron ayer un proyecto de resolución en el que piden al Poder Ejecutivo que informe sobre el monto total pagado por las reparaciones.
El amparo
"No pedimos que se individualice a los herederos que cobraron. Pero pedimos que se diga cuánto se pagó, para aportar claridad a un tema que está oculto", explicó a LA NACION el doctor Oscar Vigliani, letrado de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia.
Constituida en agosto de 2009, la entidad está integrada por 450 letrados que se desempeñan fundamentalmente en jurisdicciones donde actualmente se tramitan causas referidas a las violaciones de derechos humanos.
"Buscamos restablecer la justicia y la definitiva concordia para todos", explicó el presidente de la asociación, doctor Alberto Solanet, que en mayo último remitió una carta al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en la que cuestionaba el respaldo que éste había expresado a la política oficial de derechos humanos.
Los casos que deberán explicar el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos comprenden específicamente la situación de los guerrilleros fallecidos en ocasión de los ataques a la guarnición de Azul (19 de enero de 1974), a la fábrica de pólvora y explosivos de Villa María (10 de agosto de 1974), al Batallón de Arsenales Fray Luis Beltrán (13 de abril de 1975), al regimiento 29 de Formosa (5 de octubre de 1975) y al Batallón de Arsenales 601 de Monte Chingolo (23 de diciembre de 1975).
Al computarse días hábiles en el plazo judicial, el Gobierno tiene tiempo hasta el miércoles próximo para responder a la Justicia.
LOS CASOS
* Explicación. El juez Furnari emplazó al ministro de Justicia, Julio Alak (foto), para que informe si 68 guerrilleros que atacaron cuarteles durante un gobierno constitucional son considerados víctimas del terrorismo de Estado.
* Beneficiarios. De los 68 casos, 53 participaron en el ataque al Batallón de Monte Chingolo (Daniel Barbate, Aída L. Bruchstein, Hugo F. Colautti, Eduardo Delfino, Humberto Salvador, Enrique Tauil y otros).
* Nombres. También hay un caído en combate en Tucumán (Jorge C. Molina) y un militante fusilado por los montoneros (Fernando Haymal).
LA VISIÓN DEL MINISTRO
Sin hacer mención a la polémica generada por la inclusión como víctimas del terrorismo de Estado a guerrilleros que atentaron en 1974 y 1975 contra gobiernos constitucionales, el ministro de Justicia, Julio Alak, revalorizó la política argentina de derechos humanos.
Al hablar en un foro sobre violencia vial, señaló que esa política "es prestigiosa y tiene un incuestionable liderazgo mundial". Tras señalar que "ese prestigio no se ganó por azar", anticipó que el gobierno nacional procura "generar condiciones para construir consejos de derechos humanos en cada provincia".
Cnl (R-PPP) JCA.
Ciudadano Argentino víctima de la ILEGALIDAD y CORRUPCIÓN del Estado.
“La responsabilidad es común, y por lo tanto debemos asumirla todos, sin desertores de conveniencia ni “distraídos”, sin pretender que un solo sector de la sociedad asuma las responsabilidades del resto”. L.B.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario