Polémica por una lista de indemnizaciones

Derechos humanos / El resarcimiento a las victimas del terrorismo de estado
Polémica por una lista de indemnizaciones

Por Mariano De Vedia LA NACION
Twitter: @mdv2011
Comentá87

Infografía: Casos con contradicciones

Por delatar a sus compañeros cuando fue detenido por fuerzas de seguridad en Córdoba, durante el gobierno constitucional de 1975, el militante montonero Fernando Haymal murió a tiros, ultimado por la propia organización guerrillera. Sin embargo, sus familiares están habilitados para cobrar una indemnización, cercana a US$ 220.000, porque el caso figura como de ejecución sumaria en las listas de víctimas del terrorismo de Estado que el Gobierno actualizó en 2006.

Al menos 16 casos similares surgen al analizar la nómina que la Secretaría de Derechos Humanos ofrece en su sitio web, donde aparecen como víctimas de desaparición forzosa o ejecución sumaria personas que, según consta en libros, investigaciones periodísticas y en las propias revistas que en los años 70 publicaban Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), se quitaron la vida antes de ser apresadas o fueron ejecutadas por las propias fuerzas guerrilleras luego de "juicios revolucionarios". Muchas de esas muertes ocurrieron antes del golpe militar de 1976.

Los casos salen a la luz al cotejar el listado de 2006 (una actualización del informe que la Conadep había elaborado en 1984) con las crónicas narradas en clásicas y recientes investigaciones, como las volcadas en los libros Operación primicia , de Ceferino Reato; Galimberti , de Marcelo Larraquy y Roberto Caballero; Los montoneros. Soldados de Perón , de Richard Gillespie, y La memoria de los de abajo , de Roberto Baschetti, entre otros, y en testimonios reflejados en Evita Montonera , la revista oficial de Montoneros, y Estrella Roja , el órgano del ERP.

A dichas fuentes recurrió el teniente primero José D'Angelo, pasado a retiro en 1992 tras su participación en levantamientos carapintada, que tiene en preparación un libro para avanzar en el esclarecimiento de casos en que los registros oficiales no coinciden con testimonios y documentos de la época.

Las circunstancias en que murieron muchas de las víctimas del terrorismo de Estado recobran interés ante el silencio que guarda la Secretaría de Derechos Humanos cuando se la consulta sobre las indemnizaciones que pagó el Estado, a partir de las leyes de reparación promulgadas durante el gobierno de Carlos Menem. La Nacion pidió reiteradas veces al Ministerio de Justicia y a la Secretaría de Derechos Humanos información para conocer cuánto dinero se pagó y cuántas víctimas y familiares percibieron la indemnización, pero no hubo respuestas.

Cada pago es resuelto por funcionarios estatales sin intervención de la Justicia. A partir de un requerimiento efectuado en 2007 por D'Angelo, en una nota dirigida al Poder Ejecutivo y respondida por el entonces secretario de Finanzas Sergio Chodos, se supo que quienes permanecieron detenidos entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983 fueron compensados, en total, con $ 43 millones y US$ 605,8 millones. Los familiares de desaparecidos y muertos en igual período recibieron $ 293 millones y US$ 985 millones. El total pagado por el Estado oscila entre US$ 1700 millones y US$ 1900 millones. Cada beneficiado habría recibido US$ 220.000. Como contrapartida, no recibieron reconocimientos ni compensaciones las víctimas de la guerrilla.

De la comparación entre el listado oficial que elaboró la Secretaría de DD.HH, a la que se puede acceder por Internet, y las publicadas en investigaciones periodísticas y en las revistas de las organizaciones guerrilleras surgen contradicciones.

En la biografía Galimberti , los periodistas Larraquy y Caballero -este último, actual director de Tiempo Argentino- narran el caso de Fernando Haymal, que luego de cuatro días de torturas dio información a las fuerzas de seguridad para que localizaran al militante Marcos Osatinsky, que fue ultimado en Córdoba. Señalan al respecto: "Haymal fue fusilado por Montoneros después de un juicio revolucionario [en septiembre de 1975]". Lo mismo publicó Evita Montonera , en su número de octubre de 1975, con el título de "Juicio revolucionario a un delator". El informe de la Secretaría de DD.HH. señala el caso de Haymal como de ejecución sumaria.

El 12 de abril de 1975, luego de expropiar un camión cerealero en el cruce de la ruta 6 y Panamericana, a la altura de Campana, cayeron muertos en combate Guillermo Rodríguez (apodado "Mario"), Carlos Pablo Molinas ("Oscar"), Luis Bocco (el "Flaco Tito") y Carlos Alberto Tuda (el "Negro Nano"). Así lo describe Baschetti en La memoria de los de abajo . Ninguno de ellos estaba citado en el primer informe de la Conadep, pero aparecen en el informe encargado por Néstor Kirchner en 2006 como víctimas de ejecución sumaria.

Las militantes montoneras Ana María Teresa Drago y María Cristina Lucchesi saltaron al vacío el último día de 1976, en Rosario, cuando su casa fue rodeada por fuerzas de seguridad. (Así lo narra Baschetti.) En el listado de 2006, el caso Drago aparece como "ejecución sumaria" y el de Lucchesi como "desaparición forzada".

En abril de 1976, hallaron ahorcada en Lomas de Zamora a María Teresa Cerviño, con un cartel que decía: "Yo fui montonera. ¡Seguime!". Su cuerpo fue identificado y el juez Raúl Varesio dictó el sobreseimiento provisional de la causa por no poder individualizar al autor del crimen. A pesar de que su cuerpo había aparecido, en el informe de 2006 su caso se menciona como "desaparición forzada".

Baschetti narra que Jorge Riganti murió cuando transportaba una bomba en su Citroën, en La Plata, el 7 de mayo de 1976. En el informe de la Secretaría de DD.HH. se señala su caso como de ejecución sumaria.

Evita Montonera y el autor Gillespie coinciden en señalar que Montoneros declaró traidor a Carlos Roth por colaborar con el enemigo y que la propia organización ordenó su ejecución. Para el informe oficial, Roth es un caso de desaparición forzada, en enero de 1976.

El listado de 2006 menciona como desaparición forzada el caso del ciudadano francés Jean-Henri Raya Ribard, muerto en Brasil el 21 de noviembre de 1973. No se explica la inclusión de un extranjero, muerto fuera de la Argentina en tiempos en que gobernaba Juan Domingo Perón.

Se trata de casos que se ajustan a la premisa de "no entregarse vivos, resistir hasta escapar o morir en el intento", como lo definió la organización conducida por Mario Firmenich en la revista Evita Montonera , de marzo de 1976. La mayoría de ellos no había sido incluido en el informe original de la Conadep, que consideraba 8961 casos, y cuyo prólogo -escrito por Ernesto Sabato- fue modificado en 2006 por el gobierno de Néstor Kirchner por considerar que reivindicaba la "teoría de los dos demonios".

Con esas incorporaciones, se llegó a 9334 casos. El agregado de los integrantes de las organizaciones guerrilleras que cayeron fue hecho como una reivindicación. Pero ese reconocimiento contrasta con el silencio que mantiene el Gobierno hasta hoy acerca de los pagos de indemnizaciones a los familiares de esas mismas personas..