domingo, 22 de diciembre de 2013

Feliz Navidad !!!


La Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina, les desea una Feliz Navidad a todas las personas que se encuentran ilegalmente detenidas por haber participado en la guerra contra el terrorismo librada en nuestra patria en los años 70.

Queridos Amigos:

A pesar de todos los padecimientos que están viviendo junto a sus seres queridos, no dejen de pensar que la Sagrada Familia también fue perseguida y sometida al escarnio público, a la difamación y a la calumnia… y a pesar de todo nunca perdieron la esperanza, manteniendo la alegría en el corazón,  enseñándonos que todos los padecimientos, cuando son llevados con dignidad,  nos preparan el camino para llegar a la vida eterna. Por eso, cuándo se sientan desolados, recurran a la Sagrada Familia, en ellos encontrarán el consuelo y la serenidad que necesitan para seguir luchando por una verdadera justicia.

En nombre de todos los integrantes de la asociación…


¡¡¡Felicidades!!!!

martes, 17 de diciembre de 2013

Un año más con presos políticos en Argentina

Sección: Nota de portada
Por Nicolás Márquez (*)
Se va otro año y la dirigencia política que parodia obrar de “opositora” sigue cuestionándole al kirchnerismo asuntos secundarios y omite por completo manifestarse en todo lo relativo a temas graves y esenciales. Ejemplo de ello es el caso de los presos políticos de Argentina (los cuales superan los 1500), quienes viven hacinados y padeciendo todo tipo de destrato jurídico, político y humanitario.
Que estas arbitrariedades pasen durante el kirchnerismo es algo que a nadie debería sorprender, puesto que el régimen está conformado por una gavilla de mafiosos e inmorales. Sin embargo, sí cabría esperar alguna reacción o declaración al respecto por parte de la “oposición” o de los medios independientes, pero estos enmudecen o convalidan los citados encarcelamientos ilegales, los cuales son llevados a cabo contra militares mayormente octogenarios que oportunamente combatieron de manera victoriosa contra el terrorismo marxista que en los años 70´ le desató una guerra cruel al país. Aparejadamente, mientras se producen estos encarcelamientos en masa, los ex terroristas hoy son reivindicados e indemnizados por el Estado, en una muestra más de insensatez gubernamental.
Justamente, por decisión política a la cual se subordinó el aparato judicial, a partir del momento en que el truhán Néstor Kirchner asumió la presidencia en el año 2003, se comenzó una persecución sistemática contra todo uniformado que haya estado en actividad durante la guerra antisubversiva y una consiguiente glorificación a quienes en sentido contrario, participaron de Montoneros, ERP y otras bandas delictivas. Para lograr tal persecución, Kirchner cambió de cuajo y de facto a cuatro miembros de la Corte Suprema a los efectos de conseguir los votos necesarios para reabrir causas a todo propósito. Por supuesto que la “oposición” oportunamente aplaudió este atropello al máximo tribunal, demostrando una vez más su funcionalidad ideológica y política para con el régimen vigente.
¿Y en qué consistió el fundamento de la novel Corte oficialista para iniciar las persecuciones retroactivas ? Pues el “argumento” pretendidamente jurídico con el que se disfrazó esta política manifiestamente sesgada nos dice que, en cuanto al modus operandi empleado para combatir al terrorismo (creado y puesto en marcha por el gobierno constitucional comandado por el Partido Justicialista en 1975) se cometieron “crímenes de lesa humanidad”, y los mismos, son “inamnistiables”, “inindultables” e imprescriptibles, por lo tanto había que anular los indultos, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (cuya constitucionalidad ya había sido declarada por la mismísima CSJN) y desatender también el paso del tiempo como atenuante.
¿Pero qué es en concreto el delito de “Lesa Humanidad”?
La Corte Penal Internacional, en el artículo 7 del Estatuto de Roma, aprobado el 17 de julio de 1998, define el concepto de esta manera:
“Se entenderá por ‘crímenes de lesa humanidad’ cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil: a) Por ‘ataque a una población civil’ se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos [...] contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización”.
Pues bien, ante la definición expuesta vale seguidamente efectuar las siguientes consideraciones, dado que con respecto al accionar del Estado en la guerra antisubversiva en los años ‘70 no hubo ningún “ataque sistemático a una población civil”, sino una respuesta exclusiva y excluyentemente dirigida a ejércitos irregulares conformados por combatientes armados y entrenados, lo cual constituye una acción de suyo entendible y legítima, independientemente de los errores o reproches que le caben a la reacción antiterrorista en el marco del conflicto armado acaecido.
En efecto, durante la guerra civil de los años 70´, de los 8.420 caídos por la reacción militar contra la guerrilla, contemplando tanto la democracia (1973-76) como el gobierno de facto (1976-83) contabilizamos un total de 7.560 “desaparecidos” y 860 abatidos en combate. Cabe agregar, que el porcentaje de error en el blanco se estima bajísimo[1], tanto es así que Montoneros habría tenido un promedio de 5.750 caídos, el ERP unos 1980  caídos y otras bandas menores como OCPO, FAP y FAl 700 caídos. Más allá de márgenes de errores que puedan existir en los guarismos que nosotros manejamos como fuente, lo cierto es que sumando estos datos totales la cifra final sería 8430 terroristas abatidos.
Podemos seguir discutiendo cifras, agregando datos y ajustando guarismos porque este es un tema abierto a debate, pero lo que sí queda claro, es que las bajas en mayoría abrumadora eran integrantes de la guerrilla, circunstancia fehacientemente reconocida por las principales voces guerrilleras y sus más emblemáticos referentes, tal el caso de Mario Firmenich, cabeza de Montoneros, quien ante el periodista español Jesús Quinteros declaró: “Habrá alguno que otro desaparecido que no tenía nada que ver pero la inmensa mayoría eran militantes y la inmensa mayoría eran montoneros. Yo sé cómo vivieron ellos. A mí me hubiera molestado muchísimo que mi muerte fuera utilizada en el sentido de que un pobrecito dirigente fue llevado a la muerte”[2].
De igual modo, el Dr. Ricardo Gil Lavedra (quien fuera uno de los magistrados alfonsinistas que integró el Tribunal que juzgó a la Junta Militar en 1985) reconoció: “Sinceramente creo que la mayoría de las víctimas de la represión ilegal eran militantes de la guerrilla”[3]. Aunque sextuplicando la cifra real de desaparecidos, Hebe de Bonafini confesó que estos eran todos guerrilleros y arengó: “La lucha sin claudicaciones es el legado maravilloso de nuestros 30.000 hijos combatientes”[4]. En consonancia con lo expuesto, el jerarca montonero Rodolfo Galimberti reconoció que aquella contienda “no fue un enfrentamiento entre jóvenes románticos y el Ejército. Fue una guerra civil, la más irracional de las guerras. Hubo excesos de los dos bandos y no podemos calificar por la cantidad o por la magnitud de los excesos”[5].
Como conclusión, desde el punto de vista del objetivo, a la guerrilla terrorista se la combatió con eficacia, aunque desde el punto de vista de las formas y procedimientos, se cometieron irregularidades múltiples pasibles de reproche. Pero dichos infortunios no constituyen en modo alguno “lesa humanidad”, pues insistimos: no hubo ningún “ataque generalizado” a población civil sino a población combatiente.
Pero aun suponiendo que en Argentina sí se hubiesen cometido delitos de “lesa humanidad” (los números y declaraciones emblemáticas parecieran confirmar lo contrario), de todos modos esos delitos no podrían juzgarse como tales, puesto que esa figura se incorpora a nuestra legislación recién en 1994 (con la adopción de tratados internacionales tras la firma del “Pacto de Olivos”); por ende, y tal como lo dispone el principio de irretroactividad de la ley (previsto en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional), sólo puede aplicarse dicha tipificación a hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia.
Pero hay más irregularidades en el tema que nos ocupa. Pues en la tipificación que el derecho internacional hace del concepto “lesa humanidad” (transcripta ut supra), esta dice expresamente que la misma no se limita a los ataques cometidos por el Estado, sino también por organizaciones ajenas al Estado (tales como fueron Montoneros, F.A.R, E.R.P y otras). Vale decir, aunque la Corte Suprema kirchnerista se haga la distraída y prevaricando falle lo contrario, los 1.748 secuestros, las 5.052 bombas colocadas o los 1.501 asesinatos (cerca del 40% de los crímenes cometidos por la subversión fue cometido no contra uniformados sino contra civiles) llevados a cabo por el terrorismo en los años 70´ conforman lisa y llanamente un “un ataque generalizado o sistemático contra una población civil” (tal lo afirmado en el ya citado el Tratado de Roma).
Sin embargo, la justicia kirchnerista sostiene (contrariando el Derecho Internacional) que los delitos de terrorismo (ajenos al Estado) no constituyen delitos de “lesa humanidad”, y que sólo se incluyen en tal categoría los cometidos por agentes del Estado o dependientes de él (es por ello que los indultos o amnistías concedidos a los terroristas son considerados “válidos”).
A pesar de todas estas alteraciones graves que estamos analizando, se omite otro detalle nada menor: que la situación descripta por las Convenciones Internacionales de DD.HH. opera en tiempos de paz, pues en tiempo de guerra dicha legislación es suplantada por las Convenciones de Ginebra y La Haya sobre el derecho de guerra. A modo de ejemplo, conforme a las Leyes Internacionales los guerrilleros o “partisanos” que combaten a las fuerzas regulares, pueden ser fusilados en el momento de su aprehensión, sin juicio previo (porque al no uniformarse, ni llevar abiertamente sus armas y, por el contrario, mimetizarse con la población civil, la ponen en peligro).
¿Y quién determina que lo acontecido en nuestro país fue una guerra? Pues lo ha determinado la mismísima justicia argentina en la Sentencia de la Cámara Federal que por orden de Raúl Alfonsín en 1985 juzgó a la Junta Militar, la cual entre otras cosas determinó:
“En consideración a los múltiples antecedentes acopiados en este proceso y a las características que asumió el terrorismo en la República Argentina, cabe concluir que, dentro de los criterios de clasificación expuestos, el fenómeno se correspondió con el concepto de guerra revolucionaria…»; «algunos de los hechos de esa guerra interna habrían justificado la aplicación de la pena de muerte contemplada en el Código de Justicia Militar…»; «…no hay entonces delincuentes políticos, sino enemigos de guerra, pues ambas partes son bélicamente iguales»; «…como se desprende de lo hasta aquí expresado, debemos admitir que en nuestro país sí hubo una guerra interna, iniciada por las organizaciones terroristas contra las instituciones de su propio Estado”.
Poder de lo fáctico
Como vemos, no impera el poder del derecho, sino de lo fáctico. Es por eso que la calificación de “presos políticos” a los detenidos no es desacertada, dado que su detención no es obra del purismo jurídico sino de aviesas decisiones del aparato político, el cual sin tapujo alguno pisotea el andamiaje legal con la vergonzosa complicidad o pusilanimidad de muchos jueces, que evidentemente no merecen detentar tamaña investidura. Amonestación similar merece la dirigencia y parte de la prensa “opositora”, que se hace la distraída y por omisión convalida estos y otros atropellos a la historia reciente y al ordenamiento jurídico vigente.
A quienes padecen estas iniquidades, vaya toda nuestra solidaridad y deseamos que en el año venidero esta abusiva situación sea revertida y recompuesta a los cánones de justicia que por derecho natural correspondan.
(*) Twitter: @nickymarquez1
El último libro del autor se llama “Cuando el relato es una farsa, la respuesta a la mentira kirchnerista”, escrito en coautoría con Agustín Laje y prologado por Carlos Alberto Montaner. El libro está disponible en librerías Yenny, El Ateneo y Cúspide entre otras.
La Prensa Popular | Edición 257 | Martes 17 de Diciembre de 2013

miércoles, 27 de noviembre de 2013

Más beneficios para ex terroristas

Editorial I

Un proyecto propicia una pensión vitalicia para quienes fueron detenidos a disposición del PEN entre 1974 y 1983, pese a que ya habían sido indemnizados.

Se encuentran próximas a ser sancionadas dos leyes que han sido objeto de una insólita e inexplicable negociación. Por una de ellas, se otorgará una merecida indemnización a los familiares de los soldados y policías muertos durante el ataque montonero al cuartel de Formosa producido el 5 de octubre de 1975, en pleno gobierno de Isabel Perón. Como una absurda contrapartida, por otra ley, se concederá un pago mensual de por vida a quienes fueron detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional entre 1974 y 1983 o a sus herederos, pese a haber recibido ya una indemnización. Debe aclararse que gran parte de ellos fueron detenidos durante los gobiernos constitucionales previos a marzo de 1976 y que varios ocupan actualmente cargos de gobierno.
Dentro de los miles de personas a quienes ahora se propone beneficiar en su calidad de "ex presos políticos" se hallan muchos ex integrantes de organizaciones terroristas, que ya fueron antes indemnizados con una elevada suma fija como víctimas de la represión, por lo que ahora se les suma un nuevo beneficio. Estarán en condiciones de cobrar una pensión mensual igual a la remuneración asignada a la categoría D del escalafón para el personal civil de la administración pública nacional, que duplicaría la jubilación mínima.
Mientras tanto, los defensores del cuartel de Formosa, que cumplieron su deber con la Nación, no recibieron nunca hasta ahora similar tratamiento. Estas víctimas de las organizaciones guerrilleras, como otras miles, han sido ignoradas en consonancia con el relato oficial que reprueba la "teoría de los dos demonios". Sólo se demoniza a quienes reprimieron -sea o no con métodos legales, el accionar subversivo, mientras se exalta indebidamente a quienes iniciaron y llevaron a extremos la violencia, provocando la represión. Al mismo tiempo se ignora a las víctimas inocentes de la acción terrorista. Se impone la interpretación de que de un lado de la violencia hubo héroes y que del otro sólo hubo una intención anticipada y criminal de las fuerzas armadas de exterminar a quienes se resistían a supuestos designios deplorables de lucro y poder. Este relato ha sido y está siendo expuesto en el discurso oficial y forma parte de los contenidos educativos que se transmiten a las nuevas generaciones.
Buena parte de la clase política teme, por un prurito impuesto por lo políticamente correcto, rebatir el sesgo deformado de esa interpretación prevaleciente.
Las acciones de los Montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en los años setenta forman parte de la amnesia forzada de gran parte de una generación de políticos, intelectuales y periodistas que vivieron aquella época, que entonces repudiaban sus crímenes y ahora los ignoran. Se omite convenientemente decir que el terrorismo actuó sin distinción contra gobiernos militares y constitucionales, entre ellos los de Juan Domingo Perón e Isabel Perón. También se omite decir que fue Perón quien inició la represión ilegal.
Es así como ocurren situaciones tan inexplicables como la larga negociación y las concesiones que debieron hacerse para que se acepte una ley que indemnice a los deudos de quienes murieron o quedaron inválidos en la defensa del cuartel de Formosa durante un gobierno constitucional. Los atacantes, que fueron apresados por su acción criminal y que ya recibieron una injusta indemnización, ahora tendrán una pensión como ex "presos políticos".
Es hora de que sea revisada esta visión intencionalmente deformada de la historia y se haga justicia con la verdad, no con la venganza. Si han de ser juzgados los crímenes perpetrados en aquella guerra interna, deben serlo todos con la misma vara. Si hay imprescriptibilidad, la debiera haber para los crímenes de ambos lados. Una visión equilibrada de la historia contribuiría a un necesario acercamiento que nos ponga en el camino de la superación del trágico pasado y de la reconciliación..

miércoles, 20 de noviembre de 2013

Charla en Mendoza


Ciudad de Mendoza, 20 de Noviembre de 2013.

El martes 19 de Noviembre, la Unión de Promociones (Organización que trabaja en apoyo de los Camaradas de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales y Penitenciarias) presentó en una charla abierta a la sociedad mendocina, a las diferentes Organizaciones de familiares y amigos de quienes se encuentran hoy detenidos en las causas denominadas “de Lesa Humanidad”.
Lejos de reivindicaciones históricas o políticas de ningún tipo, el motivo de la reunión fue el de denunciar las violaciones a los Derechos Humanos y las Garantías Constitucionales, así como las gravísimas irregularidades y violaciones al Debido Proceso con los que llevan adelante los juicios. Juicios que no tienen por fin la búsqueda de la verdad, sino imponer sistemáticamente condenas, sin importar las responsabilidades individuales y objetivas caso por caso.
Nuestros jueces violan los tratados internacionales de Derechos Humanos cuando niegan las excarcelaciones y los arrestos domiciliarios a los mayores de 70 años o a los que están enfermos. El promedio de edad de los detenidos es de 72 años y los penales están preparados para un promedio de alrededor de 30 años. No cuentan con un Protocolo para adultos mayores, no pueden brindarle la atención medica suficiente y los detenidos SE MUEREN. Llevamos 222 muertos en manos de los jueces que debían velar por su salud. Situación que se agravó a partir de la resolución del Ministerio de Defensa, ampliada por la Secretaria de Derechos Humanos, con la que prohibieron la atención de los detenidos en los hospitales de su obra social.
Mendoza no es ajena a esta realidad y por ello decidimos congregarnos para difundir y denunciarlo, ya que en la Provincia hay 44 presos políticos, todos adultos mayores y con graves problemas de salud.
En este marco, el lunes 18, familiares de presos políticos fueron también recibidos por jueces de diferentes causas, y se les plantearon estas inquietudes.}
Lo que exigimos es, ni más ni menos, el respeto irrestricto de los Derechos Humanos y las Garantías Procesales, así como el respeto de la Legalidad, de la Constitución y los Tratados Internacionales.
Nosotros reclamamos LEGALIDAD. Confiamos en que ese principio, que tanto le ha costado a la historia, sea la base y la motivación que guíe a todos los jueces del País en éstas y en cualquier tipo de causas, que sirvan ellos de ejemplo como Magistrados.
Un especial agradecimiento, a la numerosa concurrencia que nos acompañó en este importante encuentro. 
Hablaron representantes de las siguientes Organizaciones:

Unión de Promociones
Organización gestada a partir de la preocupación derivada por la probable evolución jurídica de los juicios emergentes del periodo de la Guerra Revolucionaria, lo que obligó a una acción solidaria sobre el
Personal de las distintas  Fuerzas.
 La Union de Promociones fue creada con el fin de promover, fortalecer e incrementar los lazos de camaradería entre las distintas Promociones de las Fuerzas, a fin de satisfacer intereses comunes en bien de las Instituciones  y sus integrantes. 
AFyAPPA
Asociación Civil, sin fines de lucro, apartidista, que nuclea a familiares y amigos de miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policías y Personal Civil, que se encuentran injustamente detenidos y/o procesados acusados de supuestos delitos de Lesa Humanidad. Afirmamos que se encuentran INJUSTAMENTE DETENIDOS: Porque durante su proceso se han violado y se siguen violando principios y garantías claramente establecidas en la Constitución Nacional. 
 Hijos y Nietos de Presos Políticos
Lo que nos convoca es intentar, de todas las formas posibles que, si la sociedad decide violar la Constitución para hacer los juicios, éstos se realicen conforme al debido Proceso, y no según los dictados del poder político, para así lograr la libertad de nuestros padres y abuelos.
Luchar por el respeto irrestricto de los derechos humanos y garantías constitucionales de todos, pero en especial de nuestros padres y abuelos.
NOSOTROS, LOS JOVENES, DEBEMOS LUCHAR PORQUE ESTA HISTORIA TENGA UN FIN, Y PODER DE ESA FORMA CURAR LAS HERIDAS Y VIVIR EN PAZ.
Diálogo, Justicia y Futuro
Somos una organización en busca de la protección de los Derechos Humanos de todos los argentinos. Aunamos nuestras fuerzas y corazones en busca de “constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”
Con la misión de difundir objetivamente las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, y no como un discurso unilateral y divisionista. Promover un espacio de diálogo donde todas las voces sean escuchadas. Velar por una justicia independiente e igualitaria que asegure una verdaderaRepública.

jueves, 7 de noviembre de 2013

Lesa Humanidad: Denuncian que encadenan a las camas del hospital a los militares presos y enfermos

http://horaciopalma.blogspot.com.ar/2013/11/lesa-humanidad-denuncian-que-encadenan.html

miércoles, 6 de noviembre de 2013
LOS DERECHOS HUMANOS DEL GOBIERNO KIRCHNERISTA
Ni derechos.. ni humanos


La esposa de un militar preso en Mendoza, denunció hoy desde su cuenta de Facebook que a su esposo enfermo y preso político, lo encadenaron a la cama del hospital.

El militar enfermo está internado en el Hospital Central de Mendoza

Dice su esposa que "Sus niveles de creatinina y uremia en los análisis son 10 veces más altos que lo normal, lo que indica que tiene un problema renal profundo. Tiene una enfermedad congénita que es poliquistosis renal bilatera. En su historia clínica figuran todos los estudios con enfermedad renal crónica....
Nadie atiende sus reclamos, ni la justicia ni la junta médica.




Secuelas del encadenamiento
Publicado por en 18:45 

lunes, 21 de octubre de 2013

Hija de carceleros de Larrabure, candidata a diputada

– 20 OCTUBRE, 2013PUBLICADO EN: EDITORIAL
Captura
Josefina González se postula segunda tras la lista que encabeza Jorge Obeid, por el Frente para la Victoria. Sus padres secuestraron, torturaron y asesinaron al mítico soldado argentino.

David ReyPor David Rey
Cierto que muchos hijos suelen adoptar los modos, las costumbres y hasta la manera de hablar de sus padres; es normal que así sea. Es el caso, notable, de Josefina González, segunda candidata a Diputada Nacional por el kirchnerismo, quien evidentemente embebió la impronta de sus progenitores, es decir, los terroristas-secuestradores-carceleros del Coronel Argentino del Valle Larrabure. <‘detenidos’
 siempre fue con respeto>>, ha dicho para el diario “Página 12”, y aclara: <>. No se pueden quejar, en fin.
Luego de pasar 372 días secuestrado (“detenido”, según J. González) en una “cárcel del pueblo” – una celda subterránea disimulada en una casa de familia – Larrabure fue hallado sin vida y con claros signos de haber sido torturado y asesinado. Sus crueles secuestradores fueron los integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Amorosa Brunet de González y sus padres Dardo Tosetto y Ruth González, hoy sorprendentemente recordados como víctimas en el Muro de la Memoria, en Buenos Aires. Todo pareciera indicar, incluso, que los familiares de estos terroristas habrían cobrado la indemnización que el Estado destina para las “víctimas de la represión” de la última Dictadura Militar.
No se trata de cargar tintas contra Josefina González, puesto que ella no tiene absolutamente ninguna responsabilidad al respecto del proceder delincuencial de sus padres, más bien es otra víctima de lo mismo. No obstante, “la Tana” (como se hace llamar justamente en “homenaje” a su padre) no manifiesta pudores al momento de incurrir en una retórica reivindicatoria del terrorismo subversivo que asoló nuestro país desde el año 1969 a poco más de 1979.
Captura 3Al respecto del oportuno repudio de Arturo Larrabure (hijo del Coronel Larrabure) a que los secuestradores, torturadores y asesinos de su padre figuren en el Muro de la Memoria en calidad de víctimas, la “Tana” ha respondido con increíbles evasivas: <‘ese monumento’ [sic] que indigna tanto a Larrabure no tuvieron>>. Sería extraño que Arturo no tenga “mucha lectura” sobre lo que le pasó a su propio padre cuando contaba con sólo quince años (por lo que incluso ha escrito el libro “Un canto a la Patria”). Convengamos que, entonces, los Larrabure no han tenido mucha defensa que digamos.
Quizás sea ella la que se privó de algunas lecturas al respecto. Dice que su familia “no tuvo la posibilidad de tener una defensa”. Sin embargo, el encargado de abolir esa defensa no fue tanto el Proceso Militar como el gobierno democrático de Héctor Cámpora, quien a poco de asumir anuló la Cámara Federal Penal, acaso el único organismo jurisprudencial con competencia para abarcar la tipificación de los delitos imputables, por caso, a los secuestradores de Larrabure. Vale aclarar que lo mismo se dio por influjo de las bandas terroristas de entonces. Es decir, fueron los propios padres de J. González quienes se encargaron de asegurarse que nadie los defienda, máxime si los jueces de dicha cámara fueron asesinados por la guerrilla o, por miedo a lo mismo, tuvieron que exiliarse.
1Josefina “la Tana” González, segunda en la lista partidaria que encabeza el montonero Jorge “Cebollita” Obeid (a quien se lo sindica como el responsable de la voladura de un colectivo de la policía santafesina en 1976, causando once víctimas mortales), incurre en un grosero victimismo al momento de exculpar a sus padres por sus crímenes de lesa humanidad: <>, ha dicho a Página 12. A sus consideraciones cabría agregarles – para que no haya una “sola visión” – que sus padres fueron los secuestradores, torturadores y asesinos del Coronel Larrabure en pleno gobierno democrático de Isabel Perón.
<>, dice la “Tana” respecto de su madre, y la verdad que no habrá sido muy “cómodo” haber mantenido secuestrado un año entero al Coronel Larrabure.<>, señala, elevándola al olimpo de los mártires consagrados; lástima que por culpa suya no haya muchas personas que recuerden los ojos del Coronel Larrabure, quien falleció asesinado pesando 50 kilos menos y con 3,50 grados de alcohol en sangre (coma alcohólico), lo que torna ridícula la hipótesis del suicidio (amén de que lo mismo, por supuesto, no atenúa la gravedad del crimen, como pretende la feligresía progresista).
Es, pues, verdaderamente una pena que Ruth González haya desaparecido; ¿quién mejor que ella para contar cómo eran los ojos de Larrabure cuando entonaba el Himno Nacional mientras lo torturaban o cuando lo desmoralizaban con simulacros de fusilamiento? Menos mal, empero, que las víctimas del ERP fueron “bien tratadas” y contaban con “cigarrillos” – según cuenta Josefina “Tana” – para digerir el hecho de estar “detenidos” en cárceles subterráneas (¿por qué, para qué, con qué derecho?).
Qué opina Arturo Larrabure
Captura 5Consultado por este medio al respecto de qué piensa sobre la candidatura a diputada de la hija de quienes fueron los carceleros y asesinos de su padre, Arturo Larrabure me diría que <>.
También diría que los padres de Josefina González <> y que <>, aunque <>.
Conclusión
La candidatura a diputada por parte de Josefina González no debiera sorprendernos toda vez que desde el año 83 hasta la fecha ha ido ocurriendo una verdadera “terrorización” de todas las dependencias gubernamentales y políticas (tal como con Cámpora en el 73), en el sentido que los miembros de las facciones terroristas – derrotados en la guerra por las fuerzas legales – han conseguido otro medio para enquistarse en el poder. Si ellos llegaron, no debiera extrañarnos que sus hijos también lleguen.
Captura 2Pero hay una interesante diferencia: Josefina González no es una terrorista. Es – a pesar del lugar desde donde ella lo mira – una víctima directa de aquella instancia histórica que cambió la vida del país. Ella es víctima de injusticias varias (que, como ella sabe, la conminaron a crecer sin la suerte de contar con una familia propia), por ende está autorizada mejor que nadie a tener un propio criterio al respecto de lo que ella misma tuvo que sufrir. No obstante, si consideramos que Josefina ambiciona representar a los ciudadanos nada menos que como diputada, sería sumamente loable que pudiera “despegarse” de ciertos vicios setentitas ostensibles en sus palabras.
Ella, a diferencia de los terroristas que ocupan cargos, no posee ningún crimen que limpiarse ni ninguna mentira que sostener. Por lo mismo es que no tiene ninguna obligación de negar un asesinato comprobado por la misma Corte Suprema de Justicia (que dictaminó que el Coronel Larrabure fue estrangulado – la candidata dice que se suicidó) ni mucho menos en llamar “detenidos” a quienes estuvieron secuestrados por terroristas en procura no sólo de exculpar a estos últimos sino – lo que es más grave – de legitimar un proceder criminal tipificado, nada menos, como de lesa humanidad.
Debiera Josefina aceptar la invitación al diálogo que le ofrece Arturo Larrabure y así demostrarle que ella, al igual que él, no es soldado de ninguna causa perdida sino estratega de un futuro exento de tristes resabios y odiosas venganzas. Si, como ha dicho, puede comprender “mejor que nadie” el hecho de crecer sin padres, pues miles de familias argentinas víctimas de la subversión estarían dispuestas a recibirla, escucharla y confiar en ella. La Fe de muchos argentinos estaría puesta en ese gesto de grandeza que tanta falta nos hace.

domingo, 20 de octubre de 2013

Amelong. La Corte de Santa Fe falla a favor de un Preso Político detenido en Marcos Paz

http://horaciopalma.blogspot.com.ar/2013/10/amelong-la-corte-de-santa-fe-falla.html

domingo, 20 de octubre de 2013

 La Corte de Santa Fe falla a favor de un Preso Político detenido en Marcos Paz



                                           

Al Dr. Juan Daniel AMELONG,  El Colegio de Abogados de Rosario le canceló la matricula por haber sido condenado por delitos de lesa humanidad, sin que el fallo estuviere firme. 
Su abogado defensor apeló la decisión y la Cámara de Apelaciones falló a favor de Amelong. 
Pero la venganza, montada en la ideología más que en la ecuanimidad de las leyes, lamentable para un Colegio de Abogados pudo más. El Colegio de abogados de Rosario interpuso recurso ante la Corte, llamando a expertos para que lo redacten: Querían que al Dr. Amelong, Soldado de Ejército Argentino y cuyo padre, empleado de Acindar en los 70 fue acribillado por Montoneros en un atentado en que casi muere también la hermana del Dr. Juan Daniel Amelong, le fuera quitada su matrícula.
Bien, ahora LA CORTE LES RECHAZO EL RECURSO a los abogados del Colegio de abogados de Rosario, y CON COSTAS!.
En los próximos días, el Dr. Gonzalo Pablo Miño, defensor del Dr. Juan Daniel Amelong, iniciará una demanda por los daños y perjuicios correspondientes, "solicitando la resposnabilidad personal de los Directores del Colegio de Abogados de Rosario, pues el colegiado no tiene porque pagar el mamarracho juridico que hicieron estos tipos. "



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Así mataron al Ing. Amelong, padre del Dr. Juan Daniel Amelong...


Así mataban los Montoneros...




El ingeniero Raúl Amelong llevaba a su hija a la facultad…como casi siempre.
Era Junio. Era 4. Y corría el año 1.975.
Presidía la Argentina la viuda de Perón.
Raúl Amelong trabajaba en Acindar, tenía 10 hijos y junto a él viaja Inés, su hija de 18 años.
Un semáforo en rojo. Amelong que frena. Inés que repasa con su padre unos ejercicios de matemática…y la tragedia que se desata. Una explosión tras otra. Vidrios rotos, sangre a borbotones. Gritos desesperados. Raúl Amelong que cae sobre su hija. Inés que reza. Silencio. “van a volver…” suspira y avisa Raúl Amelong en agonía.
Siempre volvían. Había que rematar al moribundo. Así era la “valentía” cobarde del terrorismo en Argentina.
Inés entonces reza con más fuerza. También está herida de muerte, pero no es aún su hora. Se salva de milagro. Así lo dispuso Dios.
Otro poco de silencio. Y otra vez la locura. El último puñado de tiros en la cabeza de su padre moribundo. El remate. El sello terrorista. El broche final de la locura asesina.
¿El gobierno?: Democrático.
¿Las víctimas?: Civiles. Un padre y su hija.
El odio del terrorismo, y su plan sistemático para acorralar de miedo a la sociedad.
Ese 4 de junio de 1.975…los Montoneros dejaban en claro el mensaje de guerra: Contra la democracia, y contra la población civil sin distingos.
Asesinar. Caiga quien caiga y muera quién muera.


Horacio R. Palma

lunes, 14 de octubre de 2013

Hay que quebrar el círculo del odio


Lunes 14 de octubre de 2013 | Publicado en edición impresa
Heridas abiertas
Justicia asimétrica no es justicia, dice el autor. Si no se juzga y se condena a todos los responsables de la violencia política de los años 70, la única alternativa válida es optar por la amnistía o el indulto
Por Ibo Marché  | Para LA NACION
Algunas manifestaciones de Héctor Ricardo Leis en su artículo "Los militares tienen que romper el silencio", publicado en esta página el 2 de septiembre pasado, suscitaron asombro entre muchos de quienes anhelamos la paz, la concordia, el perdón y la reconciliación entre los argentinos.
Creíamos que Leis -que en los años 70 integró la organización Montoneros y que hoy rechaza "la verdad violenta" que sustentó hace ya muchos años- compartiría aquel anhelo y se sumaría a quienes estamos empeñados en dejar atrás un deplorable pasado de odios y discordia. ¿Estábamos equivocados? Por lo pronto, disentimos en el punto de partida. Confío, sin embargo, en que coincidamos en la meta, que es para ambos la reconciliación nacional.
Leis expresa en su artículo que en los años 70 "hubo crímenes terribles de todas las partes"; que no fueron las Fuerzas Armadas "las que comenzaron el caos y la orgía de violencia que se extendió por el país a partir del 25 de mayo de 1973"; que "no existe ninguna declaración de parte de militares que tomen posición de forma autocrítica"; que "el silencio de los militares afronta su dignidad"; que "se explica que la mayoría de los ex guerrilleros no quieran hablar, lo hacen para no perder la confortable e indigna condición de víctimas en la que los mantiene este gobierno", pero que le "resulta inexplicable que personas prácticamente condenadas a morir en la cárcel decidan no hablar en defensa de su dignidad".
No ponemos en duda la recta intención de Leis, pero creemos que, con las bases que él propone, la reconciliación es imposible y la "ley del odio" -así la denominaba Joaquín V. González en un célebre trabajo publicado en 1910- continuará su obra devastadora. Las consecuencias de esa tendencia están a la vista: un clima en el que la revancha de quienes fueron derrotados militarmente se ceba sobre ancianos octogenarios. Difícilmente se haya dado antes una situación similar. Y no se vislumbran para el futuro inmediato alternativas claras, prometedoras de un restablecimiento pleno del sistema republicano y, por ende, de las libertades constitucionales, con separación de poderes y administración de justicia independiente e imparcial, sin ideologismos ni partidismos que la desnaturalicen.
Finalizados los juicios a las juntas militares, Alfonsín y Menem levantaron la bandera de la concordia a través de las leyes de amnistía y de los indultos convalidados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Muchos nos ilusionamos entonces con el comienzo de un período de paz que fuera fecundo en todos los planos y sirviera de base a un proceso de recíproco perdón y genuina reconciliación.
La llegada del matrimonio Kirchner frustró esa línea de pacificación por la que optamos en los siglos XIX y XX, después de graves conflictos internos. En contraste con sus antecesores, y olvidando las buenas relaciones que tuvieron en Santa Cruz con el gobierno militar, los Kirchner levantaron la bandera de la discordia, el enfrentamiento y la descalificación del adversario, todo en nombre de una supuesta construcción de poder que, a la luz de los últimos comicios, tenía bases muy frágiles y perecederas.
Tal vez lo más censurable haya sido el avance del Poder Ejecutivo sobre el Judicial. Como resultado de esa política institucionalmente regresiva, hoy los jueces vulneran sin parpadear el principio de legalidad y aplican retroactivamente normas penales, lo cual, siguiendo a Giuseppe Betiol, más que una herejía es una blasfemia jurídica. Además, se hizo tabla rasa con el principio constitucional de la cosa juzgada, se resucitaron arbitrariamente acciones penales extinguidas, se modificó la jurisprudencia sobre detención domiciliaria que, en forma discriminatoria, les fue negada a los militares mayores de setenta años, pasando por alto el claro sentido de la normativa vigente. Los presos militares se están muriendo sin atención médica elemental: se les niega la internación en establecimientos adecuados a sus enfermedades a enfermos muy graves.
Tal vez lo más ofensivo del proceder judicial de la última década ha sido la asimetría con que se han abordado las secuelas de nuestra última guerra. Cualquier militar, incluso cuando no se trata de quien ha ejercido funciones de comando, sino de un subteniente veinteañero que simplemente estaba destinado en una u otra unidad, ha pasado a ser responsable de delitos de lesa humanidad y condenado -como dice Leis- a "morir en la cárcel". En contraste, los guerrilleros de todos los niveles, aunque sean responsables directos de crímenes abominables, han quedado transformados, bajo el influjo de los Kirchner, en "jóvenes idealistas", se les han pagado indemnizaciones altísimas cuyas cifras cuidadosamente se ocultan, han sido beneficiados con una sentencia de la Corte Suprema ("Lariz Iriondo") que les garantiza la más absoluta impunidad y fueron premiados con cargos y altas funciones en la administración del Estado.
Ésta es la situación que omite exponer Leis en su artículo y que debe ser previamente resuelta porque justicia asimétrica no es justicia. Es más bien un atentado contra la justicia. Pretender construir la reconciliación sobre tales cimientos es como querer edificar sobre arena movediza. Por esta vía, el proceso de desintegración y decadencia seguirá su curso y dejaremos a nuestros hijos y nietos un país en ruinas, fragmentado, cargado de resentimientos y sed de venganza.
Aparentemente, para Leis, el motivo de la discriminación que se hizo en la era kirchnerista entre las extralimitaciones de los guerrilleros y las de los militares es que éstas fueron de mayor gravedad. En rigor, es un enfoque que no adoptó ninguna de las numerosas amnistías sancionadas en el curso de nuestra historia. Ello a pesar de que, cuando se aprobó la primera, en el Pacto de Unión Nacional entre la Confederación y Buenos Aires, quedaron amnistiadas -entre otras prácticas salvajes- todas las bárbaras ejecuciones a lanza y cuchillo que hacían a veces los vencedores con los vencidos, si éstos no huían a tiempo. ¿Esas prácticas no fueron acaso también delitos de lesa humanidad?
Hay que quebrar el círculo del odio y debemos todos abrirnos a una genuina pacificación. Para recorrer el camino que conduce al perdón y a la reconciliación nacional, están disponibles las medidas previstas en la Constitución: la amnistía y el indulto (arts. 75 inc. 20 y 99 inc. 5° C.N.). La primera extingue la acción penal y la segunda configura una condonación. A ellas han recurrido los pueblos sabios después de las guerras civiles, tanto en Europa como en América. También nosotros, para aplacar los odios engendrados por nuestros enfrentamientos armados. Si se considera que no es conducente al bien común juzgar y condenar a todos los que participaron en los horrores de la guerra, la única alternativa válida es optar por la amnistía o el indulto. Inadmisible e injusto es adoptar un criterio sesgado y asimétrico, como se ha hecho a partir de los Kirchner, que libera de toda responsabilidad a quienes iniciaron la guerra y encarcela de por vida a los que, aun con extralimitaciones, los derrotaron militarmente en cumplimiento de órdenes de aniquilamiento impartidas por dos presidentes constitucionales, mediante decretos que firmaron todos los ministros.
No es cierto que los delitos imputados a militares, policías y algunos civiles no sean amnistiables ni indultables. La Constitución y los tratados mencionados en el art. 75 inc. 22 no lo prohíben. Hay dos que incluso expresamente lo autorizan: son los art. 4 incs. 2 y 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al art. 6 incs. 2 y 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que autorizan la amnistía para los "delitos más graves", incluso los castigados con pena de muerte.
El proyecto de ley de amnistía presentado en 2004 por el entonces diputado Jorge R. Vanossi, con impecable fundamentación constitucional, marca un camino que en algún momento deberíamos emprender.
© LA NACION.

domingo, 13 de octubre de 2013

Entrevista con el Coordinador de Salud y Bienestar del Ministerio de Defensa‏

El día 10 de octubre, a las 16:30 horas, la Sra María Cecilia Pando junto a dos representantes de AFyAPPAestuvieron reunidas en el Ministerio de Defensa con el Dr. Armando Perichon, Coordinador de Salud y Bienestar de las Fuerzas Armadas, para reclamar por la atención médica en los Hospitales de las Fuerzas Armadas del personal detenido por presuntas violaciones a los Derechos Humanos en distintos establecimientos penitenciarios. 
En dicha reunión, que se desarrolló en un marco de mucha cordialidad, el Dr Perichón explicó que él no podía hacer nada respecto a la atención en los Hospitales Militares, por cuanto la medida había sido tomada en una decisión conjunta de los Ministerios de Defensa, Salud y Seguridad, después de la fuga de dos detenidos.
Después de exponerle respecto a la injusticia y el anacronismo de adoptar una represalia de tal naturaleza, se le brindaron al funcionario los siguientes fundamentos para efectuarle nuestro reclamo.
Que desde la resolución adoptada, la mayoría de los detenidos no está recibiendo la atención médica que necesitan.
Que nuestros detenidos han pagado durante toda su vida la obra social y  que tienen derecho a ser atendidos en esos nosocomios.
Qué el servicio penitenciario no cuenta con la logística necesaria para atender todos los traslados.
Qué los penales no están preparados para atender a gente cuyo promedio de edad es de 70 años.
Que las prepagas no quieren recibir a los detenidos por el circo que habitualmente monta el Servicio Penitenciario dentro del lugar, dificultando la atención de otros asociados y opacando la imagen comercial de dichos establecimientos.

Que ideologizados por la propaganda recibida durante estos últimos años, algunos médicos de hospitales públicos se niegan a brindar la atención que requieren nuestros familiares y amigos.

También se le explicitaron algunos casos graves individuales de salud dentro de los penales  y se le recordaron el número de los muertos en cautiverio por falta de la atención médica que necesitaban.

Como respuesta, el Dr. Perichón se comprometió a atender especialmente los casos de salud que están sin atención, solicitando de nuestra parte se le presenten todos los antececentes de salud de quienes necesiten su apoyo. También aclaró que si la justicia decide mandar a un detenido a algún Hospital de la Fuerza, el Ministerio de Defensa no se interpondrá en la decisión.