EVALUACIÓN DEL CONCEJO DEL LICENCIADO HECTOR R. LEIS A LOS MILITARES ARGENTINOS
Dr. Mario Cadenas Madariaga
En el diario La Nación de la fecha, (2/9/2013, pag. 19), se lee una nota del Lic. Héctor Ricardo Leis, titulado “Los militares tienen que romper el silencio”, que a mi criterio es la noticia política más importante del día. Pero para interpretarla correctamente debe leerse conjuntamente con la entrevista publicada por el mismo diario en Enfoques del 31/3/2013-
El autor es un intelectual argentino, que fue miembro del partido comunista y luego de Montoneros, con una activa participación en las operaciones subversivas, exiliándose en Brasil en 1977. Comenzó sus estudios universitarios en Buenos aires, pero se licenció en ciencias sociales en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y se doctoró en filosofía en la Universidad Notre Dame. Fue profesor en las cátedras de ingreso de las Universidades Nacionales de Buenos Aires y Rosario a partir de 1983 y posteriormente se radicó definitivamente en Brasil, siendo allí profesor en las Universidades de Río de Janeiro y de Santa Catarina.
Es autor de un libro recientemente publicado, titulado “Testamento de los años setenta”, que ha tenido gran trascendencia por la importancia de sus revelaciones sobre aquella organización subversiva. Es un crítico acervo de los errores y crímenes cometidos por las organizaciones terroristas, así como de la explotación mentirosa y artificial que el kirchnerismo ha hechos de aquellos hechos.
A pesar de que mi reconocimiento por el valor de sus revelaciones y opiniones a favor de la conciliación nacional, no participo de la recomendación del último articulo, porque pienso que previamente el gobierno argentino debe dar testimonio claro a favor de la defensa de las instituciones en la guerra de los años setenta y garantizar la libertad de los militares que lucharon en su defensa, teniendo en cuenta que los ex subversivos se hallan libres.
Primera observación: el consejo debería estar referido a ambos sectores de la guerra interna y además, haber sido cumplimentado por Vd.
Dr. Leis Vd. dice que no se arrepiente porque obró conforme a sus convicciones de la época, pero pide perdón, según sus palabras textuales. Sin embargo Ud. no confiesa los hechos de violencia que cometió, ni las personas que fueron víctimas de su crueldad, o como los hirió o mató.
¿Cuál es su consejo a los militares que intervinieron en la represión? ¿La que Ud. señala con su conducta?, es ¿no arrepentirse pero pedir perdón, en forma general? Parecería que no puede demandar más de lo que ofrece.
La inmensa mayoría de los militares invocaron siempre y en todo momento la obediencia debida, como una obligación propia de la condición militar que no los compromete personalmente con los actos que comete, porque no tiene la alternativa de desobedecer.
Por eso el General Jorge Rafael Videla no invocó en su favor esa defensa, sino que se hizo responsable de todo lo acontecido. Ante Dios debió arrepentirse de los excesos que se cometieron, como correspondía a su condición de creyente.
Personalmente discrepó con Vd. Si Vd. mató o hirió para imponer una dictadura marxista en su país debe arrepentirse, porque obró mal, creyendo que podía disponer de la vida de sus conciudadanos para imponerles por el terror un régimen político contrario a sus voluntades. Bajo ninguna circunstancia puede justificarse su conducta. El arrepentimiento es la condición del perdón y la absolución.
También creo que los militares argentinos deben arrepentirse, si mataron o hirieron a guerrilleros prisioneros, o indefensos, por que la detención era suficiente para derrotarlos. Pero si lo hicieron en combate, cumpliendo órdenes, tienen legitimidad. De cualquier manera, un arrepentimiento por la parte de la culpa que les pueda corresponder contribuirá a mejorar su alma y a saldar la deuda con sus semejantes.
La desigualdad de tratamiento afecta la paz y la unidad nacional, como también la seguridad interna e internacional argentina.
La Argentina tiene una larga experiencia en guerras civiles muy cruentas, pero lo fueron durante el período que los combates duraron, de tal manera que finalizados estos, o a varios meses de su finalización, las persecuciones cesaban, aunque los sentimientos perduraran durante años. Seguramente las más cruentas fueron la de los unitarios y federales, pero sus efectos se extinguieron a diez años de Caseros, luego de los primeros años de la presidencia de Mitre.
Nunca se dio con anterioridad, en la Argentina, que habiendo predominado un sistema político en el gobierno de la Nación, se encarcele a los hicieron lugar a su predominio, después de una guerra interna. Y más que eso, se de un tratamiento de verdadero castigo a las instituciones de los sistemas de defensa y seguridad que actuaron cumpliendo órdenes de los gobiernos, ya sea desde el punto de vista presupuestario, como de una desconfianza continuada hacia su adhesión a las autoridades vigentes.
Es perfectamente explicable que en estas condiciones no haya un sistema de seguridad interna ni externa ponderable en el país.
Tampoco se ha restablecido la paz en la Republica, porque no la hay para los militares y miembros de las fuerzas de seguridad y sus familias, que han intervenido en la represión ordenada por el Estado.
¿Es posible que en estas condiciones, Dr. Leis, se pueda pedir una contribución voluntaria a la parte perseguida, a mejorar la situación espiritual de los vencidos sin que de parte de las agrupaciones guerrilleras, y del Gobierno – oficialismo y oposición – haya un principio de ejecución del restablecimiento de la paz sobre la igualdad del estatus de los participantes de una y otra parte en la guerra interna de los años setenta.?.
Actualmente a los defensores del sistema constitucional se los encarcela y a los terroristas del marxismo se los libera e indemniza
A más de 40 años de la agresión iniciada por la subversión y de su represión ordenada por el gobierno constitucional de 1973/76, en la que unos trataron de imponer un gobierno marxista por la violencia y los otros lograron la victoria en defensa de nuestro sistema democrático tradicional, cometiéndose excesos por ambas partes, aunque el número de las víctimas fue mayor del lado vencido, como sucede en todas las guerras. En la década del noventa se logró un estatus similar para ambos contendientes, aprobado por el Congreso.
Pero, posteriormente con un cambio de gobierno producido en la última década, se impuso un nuevo criterio que modificó profundamente la situación, de forma tal que la represión del Estado fue considerada ilegal y excesiva, por haber violado los derechos humanos, en tanto los crímenes de la subversión no fueron sancionados, ni investigados, y sus participes y deudos eran y son objeto de indemnizaciones, con aprobación del Congreso, anulándose las leyes dictadas por un Congreso anterior.
De tal manera, los autores de atentar contra la Constitución y su régimen democrático y republicano, aliados con una potencia extranjera, eran exaltados por el heroísmo de sus conductas, e indemnizados.
La lógica de esta evolución sería comprensible si el régimen constitucional se hubiere cambiado y el marxismo rigiera en el Argentina, con su sistema de partido único, pero no siendo así, la sanción de unos y la exaltación de los otros es una profunda incongruencia, que encaja mas bien en una conducta de venganza, imposible de justificarse en un estado de derecho.
Nada hace más contundente la parcialidad que la mentira de los 30.000 desaparecidos creada por el propio Gobierno.
En el orden internacional y en el orden interno es una verdad sabida y comprobada por la experiencia diaria de todos los ciudadanos, que los índices del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Argentina, relativos a los precios minoristas están deliberadamente alterados a partir del 2008, por la intervención del organismo que responde a la Secretaría de Comercio Interior, dependiente de la Presidencia de la Nación. Esta alteración tiene una enorme importancia social, porque en base a ella se determinan el nivel de la pobreza y la indigencia y por tanto los subsidios que se dan a los sectores más necesitados de la población. Es una alteración que debe costar miles de vidas por año en nuestro país, por desnutrición, muertes silenciosas porque sus víctimas no tienen fuerza para protestar.
Esta materia, que esta fuera del tema de presente artículo -pero no de nuestra preocupación- es ilustrativa sobre lo que es capaz de hacer el gobierno en defensa de sus objetivos. Pues bien, para demostrar que las muertes provocadas por la represión del estado argentino fue un genocidio, el kirchnerismo adulteró las cifras que se habían contabilizado en diversas investigaciones y lanzó una cifra cuatro veces mayor que la real: 30.000 víctimas y la propaganda oficial la distribuyó insistentemente, hasta convertirla en un conocimiento generalizado en la gran mayoría de la población. Esta información es la base de una política de derechos humanos totalmente falseada políticamente, -porque tiene otros objetivos que los planteados; filosóficamente –porque se invoca derechos humanos que no se defienden- y jurídicamente –por que no tiene las bases legales que se invocan-.
Martínez, 2 de septiembre de 2013.
Nota ver mi libro “Argentina, la gran transformación necesaria”
Librerías en Capital Federal:
Macondo, Salguero 1833;
Platero: Talcahuano 485;
Circulo Militar Avda Santa Fe 750
UCA Avda Moreau de Justo 1400
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